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Se están utilizando los antiguos Centros de Gestión y participación Comunal (CGPC). Pero las Comunas tienen el poder de definir su localización definitiva y/o crear subsedes para facilitar el acercamiento a los vecinos.







Identificando con mayor precisión y rápidez las necesidades de la población en cuestiones vinculadas al mantenimiento urbano menor, que son la gran mayoría de los reclamos que hoy recibe el Gobierno de la Ciudad, y que afectan directamente la vida cotidiana.
A diferencia de los CGP, las Comunas pueden ejecutar acciones para solucionarlos, con sus propios recursos.







Cada Comuna esta gobernada por una Junta Comunal integrada por siete miembros elegidos por el voto directo de quienes viven en ella. Se los llama "Comuneros".







La Ley prevé para cada Comuna un Consejo Consultivo Comunal integrado en forma honoraria por organizaciones vecinales e individuos que desarrollen actividades comunitarias en el ámbito de la Comuna.
La Junta Comunal puede convocar a audiencia pública o a consulta popular en la Comuna, en las materias de su competencia.
Tambien los vecinos/as participan en la elaboración del presupuesto comunal y la determinación de prioridades.







Las Comunas estarán sujetas a control externo de la Auditoria, e interno de la Sindicatura General de la Ciudad.
Además, la cercanía entre vecinos y comuneros posibilitará un control directo de la gestión, desde el Consejo Consultivo Honorario.







El presupuesto de la Ciudad seguirá siendo unico, pero en él van a estar garantizados los fondos para que cada Comuna ejecute su propio plan de gobierno.
El anteproyecto de presupuesto de cada Comuna se remitirá al Consejo de Coordinación Intercomunal, donde se los articula con el del Gobierno Central.
El proyecto definitivo vá a la Legislatura para su aprobación final.








No directamente. Las comisarías no dependen de las Comunas.
Esto no obsta a que en ellas puedan crearse espacios de discusión vecinal que generen propuestas de prevención, así como un contacto directo con las fuerzas policiales de la zona.







El poder de policía va a depender de inspectores que responderán a cada Comuna.
Es decir que éstas van a tener la potestad de controlar que los comercios cumplan con las normativas en materia de condiciones edilicias, seguridad e higiene, etc.







Tanto la salud como la educación son servicios esenciales y la Constitución de la Ciudad los pone en manos del gobierno central de la ciudad.

Sin embargo, en el seno del Consejo de Coordinación Intercomunal, los vecinos podrán participar de la planificación y control del funcionamiento y en la formulación de la política educativa y sanitaria general.







El Registro Civil es competencia del Ministerio de Gobierno. Sus servicios continuará desarrollándose en cada Comuna como hasta ahora, por acuerdo entre ese Ministerio y las autoridades comunales.







La descentralización implica "coordinar y concertar". En el Consejo de Coordinación Intercomunal deben convivir, debatir y consensuar políticas y acciones los representantes de cada gobierno comunal y el gobierno central.







No hay aumento el gasto público. El posible incremento de gasto queda absorbido por el ahorro de recursos de una gestión rápida y focalizada en los problemas reales de la ciudadanía.
Por otra parte, la descentralización es un importante ahorro para el vecino, quién va a utilizar mejor su tiempo y sus recursos evitando viajes y colas.







Llegamos al nudo del problema: Faltando a la ley, el Gobierno de la Ciudad no ha transferido a las Comunas los recursos económicos, ni les delegó sus atribuciones, ni habilitó el Consejo Intercomunal, ni traspasó las funciones de inspección.
En la 1ra elección de Comuneros (2011) todas las Comunas fueron dominadas por el PRO, por tanto no reclaman lo que les corresponde y siguen ocultando las Comunas, para mantiener el "Status Quo" del poder central omnipotente.